El DERECHO AMBIENTAL EN LA

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

Instituciones de Derecho Ambiental desarrolladas

por el Tribunal Constitucional

Por: Javier Jiménez Vivas

Revista Gaceta Constitucional, Editorial Gaceta Jurídica

Lima, Tomo 72, Diciembre 2013, páginas 313-337

 

 

Tambien publicado en:

TYS MAGAZINE (España)

(11 de julio del 2014)

“(…).

¿Cuál es el rol que ha desempeñado nuestra jurisprudencia constitucional frente al Derecho ambiental?, ¿ha colaborado en su formación, conceptualización, definición y desarrollo?, ¿cuánto y en qué temas?, ¿tenemos respuestas para éstas preguntas? Veamos.

Para el derecho, el siglo XXI viene siendo el siglo de la jurisprudencia. En efecto, es durante los años transcurridos del siglo XXI, que la jurisprudencia ha recuperado su lugar como fuente del derecho. La legislación y la doctrina, siempre importantes, hoy son inspiradas, moduladas y retroinformadas por la jurisprudencia. Esta múltiple influencia de la jurisprudencia –si bien consustancial a su función de fuente del Derecho-, ha adoptado una especial característica: hasta se puede decir que hoy se postula como la principal fuente del derecho, o por lo menos como la más influyente.

(…) el estudio de la jurisprudencia no deja de ser importante, pues esta no sólo resuelve casos en concreto, sirve como criterio de interpretación, permite integrar el derecho, permite generar doctrina para sustentar las decisiones, así como dotar de forma a nuevas posiciones teóricas[1]. Todo ello es así, desde una visión de la jurisprudencia como una fuente del Derecho; pero además, su estudio es importante pues constituye un ámbito de necesario conocimiento por parte del profesional abogado[2], y un instrumento en cuyo manejo se manifiestan sus competencias y aptitudes.[3]

Tomando en cuenta esto último, corresponde señalar que uno de los ámbitos constitucionales desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se encuentra en torno al Derecho Ambiental, concretamente a las instituciones que lo conforman, y que dicho órgano colegiado ha necesitado desarrollar para poder resolver concretos procesos de inconstitucionalidad, de amparo e incluso de cumplimiento.

La jurisprudencia expedida por el Tribunal Constitucional en los casos de Derecho Ambiental, es importante debido a la directa relación existente entre las instituciones que desarrolla y varios derechos fundamentales de primer orden, como son el derecho a la vida, a la salud, al medio ambiente equilibrado; a su impacto en derechos de tipo económico (explotación de recursos naturales, derecho a la empresa, a la propiedad) o de naturaleza civil y política (petición, participación).

Respondamos entonces las preguntas planteadas al inicio de éste primer acápite: veamos cuáles son las instituciones de Derecho Ambiental que el Tribunal Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia.”

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[1]Cfr. JIMÉNEZ VIVAS, Javier. Jurisprudencia contencioso-administrativa comentada. Jurista Editores, Lima, 2011, p. 22.

[2]Landa Arroyo señala sobre el tema que, en el Derecho de nuestro tiempo: “En materia de conocimientos se requiere del dominio del sistema jurídico constitucional y de la jurisprudencia, (…)” (LANDA ARROYO, César. “La educación y la acelerada globalización del derecho”. En: Jurídica, Suplemento de análisis legal, Año 8, N° 437, martes 18 de diciembre de 2012, p. 2).

[3] Pérez Perdomo añade que, entre las competencias y aptitudes de un abogado para enfrentar la globalización: “(…) tiene que aprender a razonar jurídicamente, esto significa argumentar muy sólidamente a partir de textos legales, que pueden ser leyes y constituciones, pero también decisiones, jurisprudencias, y otros (…). Lo que tienen que aprender es a manejar estos instrumentos, no a memorizar los contenidos”. (PÉREZ PERDOMO, Rogelio y Gorki GONZÁLES MANTILLA. “La enseñanza del derecho, nuevas perspectivas”. En: Jurídica, Suplemento de análisis legal, Año 8, N° 437, martes 18 de diciembre de 2012, p. 6).

(Extracto de las “Ideas Preliminares” del artículo)

 

 

 

 

 

 

                        
 “PEQUEÑOS DETALLES Y GRANDES PROBLEMAS        EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”

Por: Víctor Reátegui Vigo

 Los problemas del Proceso contencioso administrativo

más allá de la Constitución, las leyes y la jurisprudencia.  

Un estudio acerca de la trascendencia de las personas

               en la dinámica procesal de una disciplina jurídica.                 

          

 

Desde hace algunos años, a lo largo de nuestros estudios en materia procesal administrativa, pudimos apreciar que la diversidad de problemas que se presentan a su interior, no siempre se solucionan a través de la aplicación de las fuentes formales del derecho, entendiéndose como tales a la ley, a la jurisprudencia y a la doctrina. Los problemas eran tan diferentes y se relacionaban entre sí de maneras tan especiales, que la única conclusión preliminar a la que podíamos arribar, era a la necesidad de realizar un estudio interdisciplinario del fenómeno procesal administrativo, pues muchos de los problemas no tenían su origen -mucho menos su solución-, dentro del derecho.

La conclusión preliminar mencionada, nos permitía ver también una premisa errada a la base del trabajo jurídico. Según esta premisa, todos los problemas encuentran su solución en el derecho, es decir, mediante el recurso a sus fuentes formales. La falta de formación del profesional del derecho en disciplinas como la Filosofía, Sociología, Historia, Psicología, la coexistencia de viejos estilos gerenciales con tradicionales políticas de gestión de las personas, la presencia de fenómenos como la inmensa carga procesal, así como la ausencia de una verdadera intención de realizar investigaciones serias sobre la materia,  han llevado a reforzar dicha premisa, y con ello, a alejarnos de los verdaderos instrumentos de solución para los problemas advertidos.

Por tales motivos, con mucho gusto hemos leído el trabajo cuyo nombre sirve de título al presente comentario. Dicha colaboración, no se pierde en el denso bosque formado por principios constitucionales, normas legales, normas reglamentarias, jurisprudencia constitucional o judicial, sino que va más allá. El estudio constituye una aproximación a las personas que están detrás de tales conceptos -abogados patrocinantes, jueces, fiscales y justiciables-, y busca develar las distintas formas en las cuales sus conductas y hábitos terminan impactando en el diario devenir del Derecho Procesal Administrativo y en la conformación de su futuro.

Al respecto, cabe recordar una noción que ya manejamos al tratar acerca del Ministerio Público como sujeto del Proceso Contencioso Administrativo, según la cual, todas nuestras instituciones son entelequias, pues lo que vemos en realidad, lo que existe, son personas. Son éstas la que tienen el conocimiento, las que aplican los instrumentos normativos, los que recogen y citan la jurisprudencia, etc. El derecho se construye a partir de la labor interpretativa y argumentativa de personas.

Pero éstas personas encuentran una serie de problemas en su negada formación interdisciplinaria, en su muchas veces deficiente teoría general del derecho, en su conocimiento y aplicación de criterios interpretativos. Estas personas sufren también la presión de una diversidad de intereses -sean estos personales (familiares, remunerativos), institucionales (jerárquicos, disciplinarios, temporales) o de terceros (patrocinados, medios de comunicación) -, expresados en las propias normas como a través de los sujetos que los sustentan, los cuales perturban y terminan influyendo en el resultado de su actuación.  Producto de todo ello, se genera toda una confusión en la aplicación de las normas constitucionales, en el recurso a los principios procesales, en el seguimiento a la jurisprudencia constitucional, que termina por alterar en negativo toda la práctica procesal asociada a nuestra disciplina.

El trabajo que presentamos -cuyas ideas matrices el administrador del blog suscribe íntegramente-, es el resultado de una investigación paciente y esmerada, realizada a lo largo de meses y meses, fortalecida además por la condición de operador vinculado a la especialidad que tiene el autor. Publicar su tenor no sólo es un gusto, sino que desde nuestra óptica es también un deber, dado lo profundo de sus reflexiones, que pocos se atreven a realizar. El administrador del blog agradece la deferencia del autor y recomienda la lectura de su colaboración.

 

 

 

 

 

Exposición:"BASES DEL PROCESO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO PERUANO".

“BASES DEL PROCESO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO PERUANO”

 Exposición en el Seminario “Tendencias del Derecho

Administrativo”. Colegio de Abogados de Lima,

             Viernes 13 de Septiembre de 2013                 

          

El pasado viernes 13 de septiembre del 2013, tuvo lugar en el Colegio de Abogados de Lima, el Seminario denominado “Tendencias del Derecho Administrativo”, organizado por la Comisión Consultiva de Derecho Administrativo del Departamento de Comisiones y Consultas del mencionado gremio profesional, al cual el Administrador del blog tuvo la oportunidad de asistir en calidad de expositor. Nuestro tema fue el de “Bases del Proceso Contencioso Administrativo Peruano”.

Contrariamente a lo que podría aparecer de una primera lectura del nombre del tema, nuestra exposición no versó sobre los antecedentes históricos o teóricos de Derecho Administrativo o de Derecho Procesal que se encuentran a la base del Proceso Contencioso Administrativo Peruano, sino que nuestra intervención, buscó resaltar aquellos elementos producidos por el mismo Proceso Contencioso Administrativo en el Perú -sea a partir de su norma, en su práctica, a través de su jurisprudencia, o en su relación con otras disciplinas jurídicas o no-, que están concurriendo a transformarlo, a reorientarlo, y que se están colocando a la base del futuro de nuestro Proceso Contencioso Administrativo.

Las Bases del Proceso Contencioso Administrativo Peruano, asumen distintas formas de expresión. Algunas son propias de la configuración del proceso, es decir, se relacionan a temas estrictamente jurídicos, relacionando categorías del Derecho Constitucional, del Derecho Administrativo y del Derecho Procesal; disciplinas que conforman el soporte inescindible del Derecho Procesal Administrativo y, también, de su principal instrumento en nuestro medio: el Proceso Contencioso Administrativo. Cualquier análisis que se realice respecto a estos temas sin considerar a alguna de las tres disciplinas soporte, será un estudio parcial, con conclusiones necesariamente limitadas.

También podemos encontrar las Bases del Proceso Contencioso Administrativo entre sus finalidades. Ocurre que, como todo instrumento jurídico, dicho proceso apunta a la atención de determinados derechos, a la solución de determinado tipo de conflictos y, también, al estudio de determinadas materias jurídicas. Por ello, en su aspecto teleológico, el propio Proceso Contencioso Administrativo ha generado innovaciones que redundan en la práctica procesal consiguiente.

El Proceso Contencioso Administrativo, además, plantea una multiplicidad de retos. Afirmamos ello, porque su trascendencia va más allá de los procesos judiciales mismos, más allá de las competencias del Poder Judicial y del Ministerio Público, y más allá de las materias administrativas objeto de atención. Estamos ante un instrumento procesal que se relaciona a temas de descarga procesal, de subespecialización, de gestión de personas, de gestión de procesos, de gestión de la información, de gestión de tecnologías de la información, de sistemas administrativos, de descentralización, entre otros temas. 

Todos los puntos anteriores y algunos otros aspectos, fueron objeto de presentación en dicha oportunidad, a la cual tuvimos el gusto de asistir, sumado al placer de contar con un numeroso y atento auditorio.  El Administrador del blog queda muy agradecido al Sr. Decano de la Orden, a los miembros de la Comisión Consultiva de Derecho Administrativo y a todos los asistentes al evento.

Importancia del Estudio de la Jurisprudencia del Proceso Contencioso Administrativo

 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA JURISPRUDENCIA

DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

 Porqué y para qué estudiar la jurisprudencia del

                Proceso contencioso administrativo *                 

          

"(...).

La jurisprudencia, entendida como los fallos emitidos por los órganos de máxima jerarquía judicial, cumple cinco finalidades. La primera, es resolver de manera definitiva los casos concretos en los cuales se dicta, en su calidad de decisiones jurisdiccionales. La segunda, es servir como criterio de interpretación para casos similares al resuelto. En esta aplicación, la jurisprudencia se adelanta a la norma positiva, identificando matices y estableciendo puntualizaciones acerca de las instituciones jurídicas reguladas que el legislador no observó. La tercera finalidad anunciada, atiende a la necesidad de integrar el derecho, a falta de una norma que resuelva un caso en concreto. La cuarta finalidad de la jurisprudencia es servir como sustento doctrinario de futuras innovaciones normativas. La quinta y última, es conformar corrientes de pensamiento que alimentan a la doctrina de la materia jurídica involucrada en los fallos judiciales.

En la actualidad, la jurisprudencia producida en los procesos contencioso-administrativos peruanos cumple cabalmente sólo su primera finalidad. La segunda y tercera finalidades son asumidas por los órganos jurisdiccionales. En cuanto a las dos últimas, no son desarrolladas por la doctrina.

La doctrina administrativa peruana, que marca la pauta de la enseñanza del Derecho Administrativo y del Proceso Contencioso Administrativo en el Perú, se consagra a reflexiones teóricas, sin otorgar a la jurisprudencia la importancia que en su calidad de fuente del Derecho también tiene sobre la materia. Salvo alguna excepción,[1] las publicaciones sobre tales ámbitos jurídicos no citan y menos relevan la importancia de las sentencias casatorias y de las sentencias en apelación dictadas respecto a temas de las distintas disciplinas administrativas. Formada lejos de la práctica jurisdiccional o dentro de la teoría del Derecho Procesal Civil, dicha doctrina no ha advertido aún la riqueza del contenido temático y la proyección práctica que se esconde en los fallos judiciales finales. 

En varias ocasiones, alguna jurisprudencia ha servido para sustentar en fueros académicos los errores y falta de destreza jurídica que continuamente se imputa a los miembros de los órganos jurisdiccionales. Llamar la atención sobre tales errores –que seguro los cometen los magistrados, tanto como los abogados litigantes, los maestros universitarios, o los funcionarios de la Administración Pública, como consecuencia de su común condición humana-, sólo ha servido en nuestro tema para soslayar cualquier aporte proveniente de la gran mayoría de pronunciamientos judiciales. Tal postura, desconoce el verdadero rol de la jurisprudencia, cual es el ser una fuente de derecho activa, dinámica y cambiante, ubicada a la vanguardia del Derecho en su lucha contra los problemas que ofrece la realidad, y en su búsqueda de una sociedad con paz social en justicia.

Valga la oportunidad para reconocer el trabajo realizado por la doctrina administrativista peruana durante los años 90 y en lo que va de nuestro siglo, por haber asumido una tarea descuidada en nuestro país durante décadas, y por haber elaborado una producción que, sin duda, forma parte de nuestra formación profesional y nos permite hoy ofrecer nuestro propio aporte. Sirva la ocasión también, para señalar una agenda pendiente a sus labores.

(...)."

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* Fragmento de la Introducción ("¿Porqué y para qué estudiar la jurisprudencia del Proceso contencioso administrativo?"), del libro denominado JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA COMENTADA del Administrador del Blog (Jurista Editores, Lima, Agosto 2011, pp. 22-24).

[1] Conscientes de dicha realidad, los trabajos sobre Derecho Administrativo y sobre el Proceso Contencioso Administrativo del Administrador del Blog, en especial sus “Comentarios a la Ley del Proceso Contencioso Administrativo” (Ediciones Legales, Lima, junio 2010, 320 pp.), han relevado la importancia de la jurisprudencia contencioso-administrativa, como aparece expresamente consignado en sus textos.

LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA

DE PRÁCTICAS PROFESIONALES INTERNACIONALES

 

 

 Nuevos horizontes en la formación universitaria y en el intercambio de

graduados y de experiencias educativas

                 

     Durante el mes de mayo del presente año, se oficializó en el Perú el Programa de Prácticas Profesionales de Graduados de la Universidad de Wisconsin – Madison de los Estados Unidos de América, a ajecutarse con el apoyo  de la Corporación Educativa EIGER. Para dicho fin, se convocó a una sesión en el Auditorio “Paul Harris” de dicha casa de estudios, cursándose invitaciones a una seleccionada lista de instituciones educativas y del sector público, siendo considerada entre éstas la Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Marcos, en cuya representación asistimos.

 

     En dicha sesión, se nos presentó un prudente pero ambicioso Programa de Práticas Profesionales  y de Intercambio de Graduados, a cargo de la mencionada casa superior norteamericana, que en un mediano plazo, busca colocar en determinadas instituciones educativas y entidades del sector público, graduados de diversas especialidades profesionales, para la realización de prácticas y de intercambio de experiencias, para provecho propio y de las instituciones receptoras. En un largo plazo, el Programa planea crear los instrumentos que permitan a también a graduados peruanos, arrivar a la Universidad de Wisconsin – Madison, para la realización de similares actividades. 

 

     Fue una buena experiencia tomar parte de dicha ocasión, departir con los representantes de dicha casa superior de estudios norteamericana, con las autoridades de la institución peruana de enlace, y sobretodo, conocer los detalles de dicho Programa. Ello, nos permitió apreciar oportunidades educativas existentes en nuestro propio medio que pocas veces son advertidas, y que en muchas menos ocasiones son aprovechadas; así como tomar conocimiento de una forma distinta de concebir a la Universidad, con retorno en nuestra actividad docente. 

 

     Agradecidos por la oportunidad, sólo resta reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo y la implementación de nuevos criterios en la educación universitaria de Pregrado y Postgrado, entre los cuales -indudablemente- se sitúan la investigación y la producción jurídica. Tales conceptos -que generaron y acompañan el desarrollo de éste blog-, también se encuntran a la base de iniciativas imaginativas como la planteada en la mencionada cita.

El Ministerio Público como sujeto del Proceso contencioso-administrativo

EL MINISTERIO PÚBLICO COMO SUJETO DEL PROCESO

  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

 Fundamentos, problemática y oportunidades de la intervención del 

Ministerio Público en materia procesal administrativa

           

           

   “Todos sabemos que el Ministerio Público emite dictamen en los procesos contencioso-administrativos, pero, ¿tenemos claro qué es el dictamen?, ¿sabemos para qué sirve? Para algunas de las personas que empiezan a leer éste trabajo, tales interrogantes quizá merezcan respuestas tan obvias como que “es un proyecto de sentencia”, el cual “sirve para ilustrar al Juez o a la Sala”. Respuestas como estas, tradicionalmente asumidas, parten de dos premisas erradas: la primera, es insistir en ver al proceso contencioso-administrativo como una especie de proceso civil; la segunda, es atribuir al Ministerio Público un rol pasivo al interior de los procesos contencioso-administrativos. Tales premisas, ignoran los fundamentos del dictamen fiscal en materia procesal administrativa, no relevan la importancia de dicha intervención procesal, y obviamente, pasan por alto los problemas existentes alrededor de dicha función”.

**********

     Las palabras antes citadas, dan inicio al trabajo que ésta vez nos avoca. Éstas revelan sus principales carácterísticas: 1) Ser un estudio sobre el ordenamiento jurídico que sustenta la intervención del Ministerio Público, que empieza en la Constitución Política; 2) Ser un estudio finalista, pues busca encontrar el sentido y finalidad de la intervención del Ministerio Público; 3) Ser un estudio innovador, que enfrenta paradigmas preexistentes, buscando destruirlos;  y  4) Quizá la más importante, ser un estudio que no vé la temática  jurídica como una limitante, sino que intenta ir más allá en búsqueda de explicaciones y soluciones; alcanzando materias de Gestión Pública, concretamente, asuntos relacionados al megaproceso de Gestión de Personas (procesos de reclutamiento, capacitación y otros).

     Convencidos que los estudios procesales -y jurídicos en general-, no son sólo objetos de estudio del Derecho, sino que pueden ser materia de observación por disciplinas no jurídicas, ponemos a vuestra disposición la siguiente investigación, en la cual, a partir de la Constitución Política y las leyes aplicables, prosiguiendo por la relación con el Poder Judicial, el tipo de modelo organizativo vigente, el estilo de liderazgo imperante, las políticas de capacitación (ayudados por una encuesta de medición del estado de la capacitación), y a partir de información no advertida ni analizada, intentamos mostrar los verdaderos elementos que se encuentran a la base de la participación del Ministerio Público en materia procesal administrativa: aquellos que la problematizan o significan un riesgo para el desempeño de dicha función, así como algunos que esconden oportunidades futuras por aprovechar.

     Sin duda, se trata de un trabajo de investigación capaz de convencerlo, que puede generar su discrepancia o despertar más de una pregunta. En cualquier caso, es sólo un comienzo, pues las instituciones jurídicas, por muy técnicas o complicadas que lleguen a mostrarse, no dejan de ser categorías de ciencias sociales, y por ello, no dejan de interactuar con otros elementos presentes en la Sociedad, objeto de estudio de otros campos del conocimiento. Dicha interacción puede ser positiva y provechosa, pero a la vez, tiene segmentos de riesgo e incluso perjudiciales. Por ahora, sólo intentamos mostrar que las convicciones asumidas a priori, se tornan inútiles cuando de un estudio directo de la realidad involucrada, brotan elementos por demás sorprendentes.

     Todo lo anterior, nos ha llevado a decidir la publicación de dicho trabajo también en el blog.  Como señalamos cerca al final del trabajo, no intentamos arrojar conclusiones finales, sino por el contrario, iniciamos una forma de estudio del fenómeno jurídico, y relevamos la importancia de contar con fuentes de investigación  directas, no presupuestas doctrinariamente o emanadas de un gabinete de estudio. Puede Ud. acceder al referido trabajo en la Categoría “Derecho Procesal Administrativo”.

MANIFIESTO A FAVOR DEL DERECHO PROCESAL COMO SISTEMA DE GARANTÍAS

                       MANIFIESTO A FAVOR DEL DERECHO PROCESAL

  COMO SISTEMA DE GARANTÍAS PROCESALES  

                    Prof. Dr. Dr Dr. h. c. mult.  Antonio M. Lorca Navarrete

  Catedrático de Derecho Procesal, Facultad de Derecho de San Sebastián, Universidad del País Vasco (España).

          La Constitución Política, constituye el instrumento normativo de mayor jerarquía dentro de los ordenamientos jurídicos nacionales.  Todos sabemos que ésta, tiene una parte llamada “dogmática”, que recoge los derechos fundamentales y valores constitucionales, así como una parte “orgánica”, que presenta a los principales órganos que componen al Estado, articulando sus funciones esenciales. También es de conocimiento general, que en ésta se regula la forma de producción de las leyes, y que constituye el parámetro de validez del resto del ordenamiento jurídico.

          La Constitución Política, además de lo anterior, es norma jurídica. Sus disposiciones no sólo inspiran desarrollos legales, o permiten fijar lineamientos interpretativos, sino también, encuentran aplicación directa a los casos individuales. En ese sentido, no sólo define un marco principista, sino que se dispone como acción concreta y precisa, mediante el empleo de criterios de interpretación, y el recurso a criterios de solución de conflictos. Más que “normas-principio” o parámetros fundacionales, la Constitución posee “normas-garantía”, que son catégorías actuantes, militantes, capaces de desenvolver sus efectos en cada proceso.  

          Entre las normas constitucionales -como un desarrollo propio del Siglo XX-, encontramos normas procesales. Estas, definen el sentido de la noción de “proceso” manejada por el cuerpo constituyente, que éste oferta al legislador constituido para su desarrollo en las leyes procesales, y que son objeto de aplicación directa en los distintos procesos judiciales; actuando en éstos como garantías de que el ejercicio de la función jurisdiccional, servirá para construir un verdadero “proceso justo”, es decir, un proceso en el cual se respeten todas las garantías procesales existentes.

    

El Dr. Lorca en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

          Estas son algunas de las ideas que sirven de punto de partida y de discurrir al “Manifiesto a favor del Derecho Procesal como sistema de garantías” del Dr. Lorca. Se trata de una visión del Derecho Procesal, como sistema de garantías constitucional, que permiten dotar al “proceso” de un profundo compromiso constitucional, de sustancialidad propia, de funcionalidad,  de sentido temporal y crítico; y además, de un sentido opuesto a la noción de “procediminento” -esencialmente atemporal, acrítico y mecanicista-, cuyas anomalías justifica y corrige.

          Todo lo anterior, hace posible al autor del “Manifiesto”, identificar ciertas instituciones procesales dentro del que denomina “procesalismo pretérito”, advertir su total falta de relacionamiento con una visión garantista del proceso, y postular la inutilidad sobrevenida de su empleo.

          Sin duda, la propuesta del Dr. Lorca, constituye un documento de primera importancia, tanto desde el punto de vista constitucional como procesal, pues intenta determinar cual es la verdadera relación entre ambos ámbitos. Dicha importancia se acrecienta, si vemos que, en cualquier caso, los razonamientos formulados tienen alcances sobre todas las disciplinas procesales. De otro lado, el mencionado autor, cuestiona algunos conceptos tradicionales del Derecho Procesal, es decir, propugna una revisión de sus categorías.

          Las razones antes vertidas, nos impulsaron a solicitar al Dr. Lorca su autorización para la publicación de su “Manifiesto”. Concedida esta, hemos recogido el mismo en el blog. El texto del “Manifiesto” aparece en la categoría de “Derecho Procesal Civil”. El administrador del blog agradece la gran deferencia del autor del “Manifiesto”, y recomienda la lectura de su texto.

La Corte Suprema, el Recurso de Casación y los cinco primeros precedentes vinculantes en materia procesal administrativa

                             LA CORTE SUPREMA, 

                        EL RECURSO DE CASACIÓN,

 Y LOS CINCO PRIMEROS PRECEDENTES VINCULANTES

EN MATERIA PROCESAL ADMINISTRATIVA 

 

 

 LA JURISPRUDENCIA COMO FUENTE DEL 

DERECHO ADMINISTRATIVO

 

 

Los estudios sobre Derecho Administrativo, en el Perú, se han caracterizado por su estilo doctrinario. El estudio de la doctrina, necesario para la formación y actualización del marco teórico que requiere el Derecho como campo del conocimiento, llevó a  estructurar dicha disciplina jurídica a partir de las enseñanzas de los teóricos, sobretodo extranjeros; tendencia que alcanzó  a nuestra normatividad, la cual ha sido producida, principalmente, desde esa óptica.

Tal tendencia, generó algunos problemas, que abarcan aspectos relacionados a la difusión del Derecho Administrativo, a su aprendizaje, a su aplicación, a su sub-especialización, etc. Sin embargo, creemos que la principal de dichas deficiencias, consistió en olvidar  a la jurisprudencia. Dicha fuente formal del Derecho, ha sido ignorada en el desarrollo del quehacer administrativo peruano. Ello ha continuado siendo así, pese a que la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General del año 2001, la considera en el Artículo V de su Título Preliminar, entre las fuentes del procedimiento administrativo.

La falta de interés por el estudio de  la jurisprudencia procesal administrativa,  ha quedado evidenciada  en un hecho puntual. Hemos tenido que aguardar hasta el año 2011,  para ver publicado el primer libro peruano de estudio y comentarios a la jurisprudencia procesal administrativa. Dicha obra, analiza una selección de pronunciamientos de la Corte Suprema de la República en la materia, según hayan sido expedidos en trámites de Recursos de Casación o de Apelación. Se trata de un estudio que vé a la jurisprudencia como el conjunto de pronunciamientos de nuestro máximo tribunal judicial, y que extrae de ésta una serie de conceptos y precisiones, que retroinforman puntos concretos del Derecho Administrativo peruano. Tal obra, constituye una reivindicación de la jurisprudencia como fuente de dicha discplina jurídica.

Sin embargo, la Corte Suprema tiene entre sus funciones, la emisión de fallos expresamente nomidados como vinculantes. Se tata de una tarea reservada a dicho máximo Tribunal, la cual debía cumplir a través del mecanismo de sesiones denominadas “Plenos Casatorios”.  Tras la inaplicación durante  muchos años del artículo 400 del Código Procesal Civil (de manera general) y del artículo 34 original de la Ley N° 27584, Ley del Proceso contencioso-administrativo (en la materia especial que nos convoca); fue recién bajo la vigencia del artículo 37 del Texto Único Ordenado (TUO) de dicha ley, y tras la modificación introducida por el Decreto Legislativo N° 1067, que nuestra Corte Suprema  -concretamente, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República-, ha emitido los cinco primeros fallos casatorios constitutivos de jurisprudencia vinculante en materia procesal administrativa.

El primero de dichos fallos, ha sido dictado el día 06 de octubre de 2011, en la Casación N° 6670-2009 Cusco. En esta ocasión, se señala que, para el reajuste de la bonificación personal de la remuneración básica, prevalecera el art. 1° del Decreto de Urgencia N° 105-2001 frente al Decreto Supremo N° 196-200, debido a la mayor jerarquía del primero. Por lo tanto, las normas de bonificación personal, previstas en el art. 52 de la Ley N° 24029, serán aplicables en base a la remuneración básica de S/. 50.00. Se precisa además, que el reajuste también será aplicable a las bonificaciones diferencial y especial, así como a los beneficios adicionales por vacaciones.

La segunda sentencia, ha sido emitido con fecha 19 de octubre del 2011, en la Casación N° 1074-2010 Arequipa. En dicha sentencia, se formula como conclusión que, la Bonificación Diferencial normada en el artículo 53 del Decreto Legislativo  N° 276, y la Bonificación Especial prevista en el Decreto Supremo N° 051-91-PCM, no pueden ser tratadas como bonificaciones similares, al ser diferentes las normas que las sustentan, las finalidades que persiguen y las maneras de calcular sus montos; ideas estas que, llevaron a la Sala Suprema – en sus fundamentos 7° al 13° -, a fijar principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa. 

El tercer fallo de la Corte Suprema, ha sido expedido el día 07 de diciembre de 2011, en la Casación N° 8362-2009 Ayacucho. Dicho pronunciamiento, arriba a la conclusión que, todas las entregas dinerarias y/o beneficios – cualquiera fuera su denominación -, que los trabajadores perciben a través del CAFAE, no forman parte de sus remuneraciones; por lo tanto, las sumas percibidas por tales conceptos, no pueden ser consideradas en el cálculo de cualquier derecho pensionario posterior.

El cuarto pronunciamiento, de fecha 20 de marzo de 2012, ha correspondido a la Casación N° 5807-2009 Junín. En tal sentencia, la Corte Suprema señala que, el artículo 1 de Ley N° 24041, protege a los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente con su reincorporación laboral. Al respecto, se considera en el fallo que, las breves interrupciones de los servicios prestados por los servidores públicos contratados de naturaleza permanente, no afectan el carácter ininterrumpido de dichos servicios, siempre que tales interrupciones hayan sido promovidas por la entidad pública empleadora.

La quinta sentencia, ha sido dictada el día 22 de marzo de 2012, en la Casación N° 6587-2009 Lima. La Corte Suprema, indica al resolver, que la bonificación del 30% para los trabajadores del Banco de la Nación establecida en el Ley N° 11725, será aplicable  siempre que estos cumplan: 1) El tiempo requerido de 30 años de servicios, y 2) Que este sea acreditado. Se agrega que no será computable esta bonificación para el otorgamiento de la pensión de jubilación.

En tales resoluciones, la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, declara que  sus fundamentos  constituyen precedentes judiciales vinculantes, es decir, jurisprudencia emanada de un órgano de máxima instancia dentro de la organización de nuestro Poder Judicial, la cual obliga a todos los integrantes de dicha organización.

La publicación de los dos primeros de tales pronunciamientos, nos llevó inicialmente a inaugurar una nueva categoría dentro del blog, a la que dimos el nombre de JURISPRUDENCIA, definido como un espacio en la cual, consignaremos cualquier otro pronunciamiento relevante para los temas materia del blog, sean que emanen de nuestra misma Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, de un Tribunal extranjero, o de uno de la Jurisdicción Internacional. Posteriormente, la publicación de los restantes sentencias casatorias, nos permite identificar el inicio de una nueva etapa del Derecho Procesal Administrativo, en la cual, el mismo cuenta para su desarrollo con todas las fuentes que el Derecho le provee.

                                                                                     El  administrador del blog.

PRIMER ANIVERSARIO - BLOG DE JAVIER JIMÉNEZ VIVAS

 ESTAMOS DE ANIVERSARIO

 

PRIMER AÑO DE

“DERECHO ADMINISTRATIVO”

BLOG DE JAVIER JIMÉNEZ VIVAS

( http://javierjimenezperu.wordpress.com/ )

 

 

 

 

UNA NUEVA FORMA DE VER EL DERECHO ADMINISTRATIVO

 

          Hace un año, lanzamos el blog, con la intención de compartir algunos trabajos, preparados durante los últimos años, y publicados en diversas revistas del medio, todos relacionados al Derecho Administrativo, sea desde su punto de vista sustancial,  como también procesal. Sin embargo, coincidió con el lanzamiento del blog una doble certidumbre: Primero: que dicho compartir sería más fructífero, si lo enmarcábamos dentro de una nueva visión del Derecho Administrativo, menos positivista y atento a sus propias particularidades; y Segundo: si en la realización de dicho trabajo, convocábamos a otros profesionales con similar intención, que nos permitan definir al blog como un ámbito multidisciplinario de estudio del fenómeno administrativo.

          La Administración, es tan antigua como el Estado mismo, sin embargo, la intersección entre Derecho Subjetivo y Principio de Legalidad, que dio nacimiento al Derecho Administrativo, sólo ocurrió con posterioridad a la Revolución Francesa. En el Perú, dicha disciplina permaneció durante muchos años sin recibir el tratamiento doctrinario y normativo adecuado. Fue recién durante la década de los años 80, que el Derecho Administrativo va encontrando la atención de los estudiosos peruanos; y fue durante los años 90, que se liberó de su antiguo rango reglamentario, apareciendo regulado en distintas normas con rango legal. Sin embargo, su total autonomía e independencia como disciplina jurídica, recién llegarían con la puesta en vigor de las dos leyes que sentaron las bases de su desarrollo y regulación tanto sustancial como procesal. Nos referimos a la Ley del Procedimiento Administrativo General, y a la Ley del Proceso Contencioso-Administrativo, respectivamente.

          Pero todo este desarrollo, adoleció de un doble defecto. Por un lado, el desarrollo del Derecho Administrativo, siguió muy al pie de la letra aquel producido en España, país con un Derecho afín, pero con una distinta realidad. Por otro lado, se intentó estudiar el Derecho Procesal Administrativo, como una rama jurídica en la cual compartían roles las nociones de procedimiento y proceso, y más adelante, como una forma especial del Proceso Civil, con alguna mayor influencia del Derecho Constitucional. En esta etapa, que aún continúa vigente, se buscan explicaciones directamente en la doctrina extranjera, o en el Derecho Constitucional; se sigue un paradigma procesal-civilista, desdeñando el rol del Derecho Administrativo en la formación del Derecho Procesal Administrativo; no se atiende a todas las fuentes del Derecho aplicables, olvidando el estudio de la jurisprudencia; y se observa al Derecho Administrativo como un conjunto normativo cuyas directrices son el Derecho Constitucional y la economía, olvidando su carácter de ciencia social, y las influencias de otras disciplinas jurídicas y sociales en su conformación.

          En nuestros trabajos e investigaciones, y desde la cátedra universitaria, venimos propugnando una opción ante la situación descrita. En primer lugar, corresponde identificar las instituciones que se encuentran a la base de la regulación de nuestros Derecho Administrativo y Procesal Administrativo, para advertir cuáles son las categorías jurídicas de ambas disciplinas que están interactuando, y sobre todo, identificar aquellas que no están recibiendo el tratamiento adecuado, o bien no son atendidas. En segundo lugar, se debe estudiar el fenómeno administrativo desde diversos puntos de partida: desde una óptica subjetiva (los sujetos de Derecho Administrativo); desde una posición objetiva (las actuaciones de Derecho Administrativo); desde un ángulo constitucional (reconociendo la trascendencia teórica y práctica de dicha disciplina); a partir de la información que suministren todas las fuentes del Derecho, es decir, las normas jurídicas y la desatendida jurisprudencia; y considerando los aportes de las disciplinas administrativas especializadas, y de otras ciencias sociales, influyentes en el Derecho.

          Sin embargo, no ocultamos nuestra inclinación por el tratamiento del Derecho Procesal Administrativo, comprometido con nuestro desarrollo profesional. En ese sentido, ofrecemos de éste, en nuestros trabajos, una visión tridimensional, en la cual, el Derecho Administrativo provee de los insumos, el Derecho Procesal los moldea, y el Derecho Constitucional los valida. El antiguo y aún presente positivismo, el paradigma procesal-civilista, e incluso el nuevo paradigma constitucionalista, han impedido anteriormente desarrollar dicha visión, mucho más profunda de lo que su simple enunciado nos muestra.

          Y nuestro blog, que cumple un año, se inscribe en dicha tendencia. Respetando las distintas opiniones y agradeciendo los diversos aportes, el blog es una herramienta en la exposición y construcción de los propósitos antes planteados. Junto a nuestros comentaristas invitados, y con los más de 2,400 ingresos producidos (un promedio de 6.5 ingresos diarios), vamos construyendo el camino descrito, sobre los valores de la verdad, la tolerancia, la apertura, el respeto y, antes que todo, del deseo de hacer ciencia.

                                                                                                                          El administrador del blog.

ANTONIO LORCA NAVARRETE Y LA GARANTÍA DE LA PRUEBA DE LA "CAUSA PETENDI"

 

ANTONIO LORCA NAVARRETE Y LA GARANTÍA DE LA

PRUEBA DE LA "CAUSA PETENDI"

EL Dr. ANTONIO LORCA NUEVAMENTE EN SAN MARCOS

El Dr. Lorca, en plena Conferencia Magistral sobre "La Garantía de la

                           Prueba de la Causa Petendi"

El día sábado 10 de diciembre del 2011, la Unidad de Postgrado de Derecho de San Marcos, recibió nuevamente la visita del Dr. ANTONIO MARÍA LORCA NAVARRETE, Profesor de Derecho Procesal en la Universidad del País Vasco, España. Esta vez, la idea de convocar al Dr. Lorca a las aulas sanmarquinas, surgió a partir del desarrollo del tema de la "Probática Procesal" en el Curso de Derecho Procesal Administrativo -a cargo del Administrador del blog-; concepto introducido en Derecho Procesal, precisamente por el mencionado profesor español.

El Dr. Lorca, dictó la conferencia magistral denominada "La Garantía de la Prueba de la Causa Petendi".  Al acto académico, asistieron el Dr. José Antonio Silva Vallejo, Profesor Principal de la Unidad de Postrgrado de Derecho -en representación del Director de dicha Unidad- ; el Mg. Javier Jiménez Vivas, como docente organizador del evento; y una nutrida concurrencia de alumnos de distintas aulas del postgrado.

Durante la sesión, que tuvo lugar en el Salón de Grados de la Unidad de Postgrado de Derecho, el Dr. Lorca señaló –entre otras interesantes ideas-, que la garantía procesal de la prueba, es central en la labor del Juez al momento de resolver el asunto puesto a su conocimiento, por cuanto es el único medio del cual dispone para formarse una certeza sobre las afirmaciones de las partes, y así, lograr acercarse a la realidad de los hechos discutidos en el caso a decidir.

De otro lado, el profesor invitado indicó que la prueba es una garntía que forma parte del "debido proceso de derecho", es decir, de aquel proceso que el Estado "debe" brindar a todos los ciudadanos, que está en la obligación de proveerles, independientemente del sentido que tenga la decisión final del Juez. Señaló el Dr. Lorca, que "debido proceso de derecho", es aquel en el cual se respetan todas las garantías procesales previstas en favor de las partes. Puntualizó además, que la consideración de la prueba en los diversos textos constitucionales, la comprometen con una visión garantista y constitucional del proceso, y le otorgan una importancia y autonomía muy especiales, alejándo su estudio y aplicación de cualquier visión meramente procedimentalista.

Algunas preguntas del auditorio, permitieron al Dr. Lorca, precisar que, dicha especial posición, también es compartida por otras instituciones procesales que, al igual que la prueba, forman parte integrante del "debido proceso de derecho", constitucionalmente reconocido, entre otras ideas.

Al finalizar el evento, el Dr. Silva Vallejo, hizo entrega al Dr. Lorca –bajo la ovación del público asistente-, de un merecido Diploma, en su condición de maestro, amigo de San Marcos y como señal de agradecimiento por su acertada intervención.

La temática abordada por el profesor español, reviste singular importancia para el Derecho Procesal Administrativo. Ello es así, por cuanto, siendo la relación material entre  la Administración y cualquier sujeto administrado una de carácter desigual, en la cual la primera tiene privilegios frente a la posición del segundo (como la autotutela), la relación procesal instaurada con la demanda, será una en la cual el órgano jurisdiccional deberá establecer una igualdad entre las partes. Dicha igualdad, encontrará su mayor manifestación en la actividad probática que se desarrollen los sujetos procesales (el Juez y las partes) al interior del proceso en torno a los medios probatorios (ofrecimiento, pertinencia, valoración, etc.); ello, debido a que dicha igualdad debe lograrse -indefectiblemente-, en aquella actividad de la cual surgirá el final criterio resolutivo del Juez.

En ese sentido, siendo la pretensión el objeto de los procesos contencioso-administrativos, pudiendo ser ésta de hasta cinco tipos (contra actos administrativos, en defensa de derechos e intereses, contra vías de hecho, contra omisiones de la Administración, y la pretensión de responsabilidad patrimonial de la Administración, acumulable a cualquiera de las cuatro anteriores), y encerrando cada una de tales especies un sin número de categorías de Derecho Administrativo,  la prueba de la pretensión (de la "causa petendi") en los procesos contencioso-administrativos, asumirá matices muy propios en cada caso; variedad cuyo estudio requiere de premisas claras, como las mencionadas por nuestro invitado.

En nombre de las autoridades de la Unidad de Postgrado de Derecho, de sus alumnos, y de todos los asistentes a la sesión del sábado 10 de diciembre, reiteramos nuestro agradecimiento al Dr. Lorca; augurando desde ya un futuro y no lejano reencuentro.

JAVIER JIMÉNEZ VIVAS

JURISPRUDENCIA CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVA COMENTADA

Jurista Editores, Lima, agosto 2011, 350 pp.

CONTENIDO DE LA OBRA

Introducción:

¿Por qué y para qué estudiar la Jurisprudencia

del Proceso Contencioso Administrativo?

PRIMERA PARTE:

SENTENCIAS EN CASACIÓN

                     Capítulo 1:

                  Derecho Previsional 

                     Capítulo 2:

                     Régimen Laboral Público

                     Capítulo 3:

Derecho Tributario 

Capítulo 4:

Derecho de Propiedad Intelectual 

Capítulo 5:

Derecho del Consumidor 

Capítulo 6:

Derecho Procesal 

                       SEGUNDA PARTE:

                    SENTENCIAS EN APELACIÓN


 Capítulo 7:

  Derecho de Propiedad Intelectual 

Capítulo 8:

Derecho del Consumidor 

Capítulo 9:
 
Derecho Tributario
 
Capítulo 10:
 
Derecho Minero 
 
Capítulo 11:

Derecho Procesal y Temas Procedimentales 

Capítulo 12:

Medidas Cautelares 

Capítulo 13:

Revisión de Procedimiento de Ejecución Coactiva



Fuentes de investigación.

MUCHAS GRACIAS

MUCHAS GRACIAS

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Estos artículos, algunos anteriores, varios posteriores y los que

vengan en el futuro, debidamente clasificados en categorías,

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DERECHO ADMINISTRATIVO. Blog de Javier Jiménez Vivas.

http://javierjimenezperu.wordpress.com/

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Javier Jiménez Vivas.