ANTE LA CRISIS SUSCITADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE JUSTICIA: UNA VISIÓN HOLÍSTICA DE PAÍS, DE SERVICIO PÚBLICO, DE INNOVACIÓN Y DE APUESTA POR EL FUTURO

UN MOTIVO MÁS PARA SEGUIR ADELANTE

 

“El sistema nacional de justicia peruano vive un momento muy difícil. Recientes hechos han golpeado su credibilidad y autoridad de manera severa, arrojándonos a un espacio inseguro y lleno de dudas. Pero no todo es malo, aunque suene extraño. Entre la legalidad o ilegalidad del procedimiento para obtener medios probatorios; en medio de conversaciones, reuniones y citas sospechosas; rodeados de nombres que vienen y van, así como de cuestionamientos en todas las direcciones; con respuestas institucionales parciales, tardías y alguna oportuna; y con compromiso de casi todas sus secciones en los diferentes poderes y organismos del Estado; tenemos a un sistema de justicia que vive una de sus peores crisis.

Todos hemos sido afectados, en menor o mayor medida. El mínimo compromiso con el país, con su gente, tiene que hacernos conmover y preocupar. Y sin perjuicio del debate en torno a conceptos jurídicos aplicables a la crisis, nuestra sociedad está presenciando un escenario desmotivador, decepcionante, y que termina agitando voces imprudentemente violentistas, alguna de las cuales incluso ya proclaman opciones autocompositivas. Y al frente de todo, nuestra clase política sigue enfrentada, luciendo sus propias heridas y sin aportar un rumbo serio. Cuando el caso ODEBRECHT anunciaba no terminar, nos encontramos con esto.

La mejor respuesta que podemos ofrecer a esta crisis es la práctica de valores. Un primer valor es la ética, que nos permita rechazar cualquier práctica al margen de la Constitución y de las leyes, venga del empresario privado o del funcionario público, del activista político o del periodista, de las organizaciones de la sociedad civil o de los organismos del Estado. Un segundo valor es la sensatez, para no vivir del escándalo y la manipulación, y por el contrario, iniciar investigaciones contra los involucrados respetando los derechos fundamentales y los roles constitucionales y legales de los órganos del Estado. Un tercer valor es la prudencia, para no seguir impensadamente las generalizaciones apresuradas y falaces, sólo sustentadas en el escándalo y en el criterio de autoridad que otorga los medios, recordando que toda responsabilidad -penal, civil o administrativa- es personal. Si Usted cometiese un acto ilegal, ¿acaso toda su familia debe ser considerada responsable? Si en su barrio cinco personas son encontradas cometiendo un delito ¿todos los pobladores del lugar deben ser condenados?

Más de una persona que me lee, seguro podrá discrepar considerando como redundantes o agotadas las ideas anteriores. Yo le diría, si pudiésemos conversar, que existimos peruanos con valores en todas partes, que los vivimos en nuestras actividades, que estamos dolidos, y que no consideramos justo ser alcanzados por imputaciones de delitos dirigidas contra específicas personas. Si un profesor trata mal a un alumno ¿toda la escuela debería cerrar?, si el envío a domicilio que efectúa una empresa llegase tarde ¿la empresa deberá disolverse? Lo que pensamos, lo que queremos, es que el responsable de todo delito debe ser individualizado, procesado y condenado, si así resulta de lo probado. Es lo que debe ocurrir con la corrupción: no debe haber impunidad, trátese de un Juez, de un Fiscal, de un Ministro, de un Alcalde, de un ex Presidente, de un importante empresario, de un abogado litigante, o de quien se trate.

Más allá de los ejemplos, el extremismo siempre será la peor elección. Tolerar la corrupción genera una situación extremista por inmoral, que corroe a toda la sociedad; generalizar es una postura extremista por injusta, pues mancha la honorabilidad de cientos de inocentes; extremista es enarbolar la bandera de la justicia para legitimarse, pues se podrían generar en el pueblo expectativas que luego no se pudiesen satisfacer; extremista es también juzgar en un medio de comunicación sin un análisis serio y conjunto de los medios probatorios (que no corresponde a la prensa) y jugar con las mismas expectativas.

Pero vayamos más allá. Reivindiquemos una lectura interdisciplinaria para esta crisis. ¿Qué pensarán, qué sentirán nuestras chicas y chicos en las escuelas secundarias?, ¿alguien piensa en estos próximos ciudadanos?, ¿cuál será su visión sobre la ética pública y la corrupción dentro de cuatro, seis y ocho años?, ¿qué opinarán de los empresarios involucrados en el caso ODEBRECHT, de los audios de los miembros del CNM o de los congresistas que no recuerdan el nombre de su escuela o de sus ex compañeros?, ¿hasta qué punto esta crisis está marcando a los peruanos del futuro?

Y pensar en nuestros valores, en nuestros adolescentes, me recuerda a la palabra “educación”, aquella tan importante pero nunca valorada, tan desatendida por los sucesivos gobiernos y por la propia sociedad, tan determinante en la formación de la moral de un pueblo y de sus cuadros, así como en la diferenciación entre lo bueno y lo malo. Sin temor a equivocarme, creo que en la educación están las respuestas para muchos de nuestros problemas. El resultado tardará: ¿cuando nos pondremos a trabajar todos en ello?

Pero, ¿dónde está ese elemento positivo que anunciamos al inicio?, ¿puede haber algo de bueno en medio de un panorama tan sombrío, al centro de una problemática que recién empieza a mostrarse? Claro que sí. Nuestra actual coyuntura nos muestra la necesidad de apostar por los valores -los mencionados y otros-, y nos subraya que cualquier intención que proponga ello apuntará en la dirección correcta.

Mas allá de vanas, irracionales e injustas generalizaciones, somos muchos los peruanos que renegamos con los vaivenes éticos de empresarios privados y funcionarios públicos, que rechazamos los excesos de sectores de la prensa sobre la honra de personas correctas, que reclamamos una pronta y efectiva respuesta de nuestras instituciones, pero, sobretodo, que vivenciamos valores. Pensar es bueno, hablar es mejor, escribir es recomendable, pero el hacer lo es todo. Y nuestra plataforma multicanal ha recorrido los cuatro momentos siendo hoy una realidad (con más de un año al servicio de nuestros usuarios). Es también un aporte a la transparencia, a la lógica de servicio público abierto, a la predictibilidad y a la práctica de otros valores. Seguro muy pequeño, pero de eso de trata, de hacer bien lo que sepamos hacer y de seguir adelante.

Y si pues, toda esta crisis es un motivo más para seguir adelante. Y lo bueno de esta coyuntura somos nosotros, los peruanos, que podemos hacer las cosas bien y mejor. Lo bueno es nuestro trabajo, que podemos llevarlo con corrección. Lo bueno es nuestro futuro, que podemos diseñarlo con más prudencia. Hay una frase, según la cual “de peores situaciones hemos salido”, la cual yo reemplazaría para decir “hacia mejores situaciones podemos dirigirnos”. No me refiero a sueños, sino al trabajo y esfuerzo diarios. Es algo muy difícil, y por lo mismo más alentador. No aguardemos rápidos resultados, por el contrario, ofrezcamos trabajo. No esperemos que alguien nos diga cuando empezar, pues cada minuto, cada hora, son oportunidades para ello.

Por ahora, lo importante es que estamos en nuestro país, que somos peruanos y que nuestro futuro y el de los demás compatriotas depende de nosotros, de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer, del delito que sancionemos y del escándalo que no sigamos, así como de los valores que enseñemos y practiquemos. ¿Habrá un mejor motivo para seguir adelante?

Lima, 16 de julio de 2018.”

UNA NUEVA FORMA DE VER AL DERECHO, DE EJERCER

JURISDICCIÓN Y DE SERVIR A LA SOCIEDAD; PERO TAMBIÉN

UNA INNOVADORA MANERA DE GESTIONAR LA

INFORMACIÓN EN EL SIGLO XXI

“UN JUZGADO EN INTERNET.  LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA,

LA INFORMACIÓN GENERAL Y LOS USUARIOS DEL SERVICIO

DE JUSTICIA, REUNIDOS EN UN NUEVO ENTORNO”

(Revista Gaceta Constitucional, Lima, febrero 2018, T. 122, pp. 176-185)

 

“Ante una imagen negativa de la mayoría de organismos del Estado (entre los que es colocado el Poder Judicial); ante la necesidad de brindar un servicio público centrado en principios alineados con la democracia y los principios de eficacia, eficiencia, transparencia y mínimo impacto ambiental; y ante un entorno futuro en el que las nuevas tecnologías se extenderán incluso sobre las actividades previamente consideradas conservadoras; debemos ofrecer respuestas –prudentes y precisas, como queda indicado al inicio-, pero decididas, con un sustento de ciencias sociales ajustado al siglo XXI que ya corre, y despojándonos de todo miedo al cambio.

 No deja de ser extraña la idea de poner parcialmente un juzgado en la internet, sí, pese a haberlo ya hecho no deja de parecérmela. Sí, extraña, pero en relación a lo que tenemos, o dicho más exactamente en relación a la forma en que pensamos, a nuestras culturas y subculturas organizacionales y a nuestros estilos gerenciales. Cuando no se atenta contra la Constitución, las leyes o reglamentos no hay porqué temer; cuando se dispone de un fundamento constitucional, social y operativo sólo queda seguir; cuando existe un vacío en el servicio público sólo queda trabajar para cubrirlo. Las ventajas de nuestra propuesta son muchas.[1]

En efecto, no sólo se trata de una plataforma que identifica, revisa, precisa, organiza y presenta la información general de un juzgado empleando las nuevas tecnologías de la información; sino que pone dicha información a disposición de sus usuarios las 24 horas de todos los días del año, a costo cero y sin impacto ambiental. La plataforma, además, revoluciona la noción de “usuario”, hasta hoy plana bidimensional, por una de 360 grados y tridimensional: de la visión de “usuario” limitada al litigante, su abogado y/o representante, pasamos a una noción que vincula también a los órganos de auxilio judicial, a los notarios públicos, a las autoridades de la Corte Superior, a las colegas y los colegas jueces, y casi a cualquier sujeto capaz de entrar en contacto con el cumplimiento de la función jurisdiccional. El usuario podrá consultar la información general en la plataforma, tomar sus decisiones y, después, si resulta necesario, ir a la sede judicial: la plataforma también reduce costos.

¿Pero es tal propuesta prudente? Sólo el temor al cambio o la falta de decisión por controlar el futuro y construirlo desde el presente, podrían llevar a dar una respuesta negativa. La propuesta no sólo promueve un nuevo entorno para el derecho constitucional de tutela jurisdiccional, sino que respeta los principios de la función jurisdiccional y, es más, potencia los principios de transparencia y predictibilidad, sin perjuicio de atacar frontalmente una brecha informativa nunca atendida: la explicada falta de atención a la importancia de la información general. Esto último, redunda en la reducción de costos y externalidades para los usuarios del servicio de justicia. Incluso el mercado de servicios de asesoría jurídica podría ser favorablemente impactado con la réplica de nuestra propuesta.

Pero hay dos temas más que sería una imprudencia soslayar. Uno es la construcción de una nueva visión de servicio público, planteada sobre una nueva interacción entre la sociedad, la información y la tecnología. La primera aparece representada por los usuarios del servicio de justicia, pero por todos los usuarios, dentro de la nueva versión de 360 grados que proponemos. La información, es en nuestro caso la información general, a veces ni siquiera identificada y nunca precisada, organizada ni presentada, como queda explicado. La tecnología, no es otra que la particular tecnología de la información que empleamos: la internet, pero también la vía específica que hemos implementado: el blog. Sin embargo, el paralelismo existente entre nuestra propuesta y el inicio de la implementación del expediente electrónico, exige futuros estudios, que nos llevarán hacia nuevos retos, reflexiones y planteamientos.

Otro tema que surge como fundamento -y que curiosamente también constituye una consecuencia- de nuestra propuesta, son las nuevas formas de ejercer jurisdicción y de ejercer autoridad jurisdiccional. El nuevo entorno es más plano: la jurisdicción se ejerce vivenciando auténticamente los principios que la inspiran, y la autoridad se fortalece, pues más que jerárquica se muestra como una autoridad de la información, del servicio y del conocimiento, ordenado y preciso, prudente y responsable, todo en beneficio de una mejor prestación del servicio público de justicia y de los distintos usuarios identificados del mismo, que como se ha explicado se ubican fuera y dentro de la organización judicial. Hay mucho más por decir en éste punto, ya habrá ocasión.

Finalmente, de la propuesta emerge una nueva premisa, consistente en ver a todo el proceso de ejercer jurisdicción en un nuevo entorno, en el cual el ingreso de la variada información, la aplicación de los distintos insumos, y la generación de la nueva y diferente información, constituyan una cadena de valor público que provoque mejores resultados para los usuarios del servicio, impacten en la sociedad de manera más transparente, directa y segura, y retroinformen al sistema jurídico como antes no ha ocurrido.”

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[1] En nuestra Propuesta de buena gestión de Despacho judicial “Plataforma Multicanal de Información General”, antes indicada, se precisaron ocho (08) ventajas. El transcurso de los meses, sin embargo, nos ha permitido identificar algunas más. En estos párrafos se hace referencia sólo a las más importantes.

Los párrafos anteriores, transcriben gran parte de las “Ideas Finales” o conclusiones del citado artículo. Puede leer en el siguiente link el ARTÍCULO COMPLETO.

La “PLATAFORMA MULTICANAL DE INFORMACIÓN GENERAL” referida en el artículo, está al servicio de todos desde el 01 de julio del 2017 , y puede acceder a conocerla y ver su contenido en el BLOG DEL TERCER JUZGADO CIVIL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.

Dicha estructura modular, se encuentra complementada por el FACEBOOKDEL TERCER JUZGADO CIVIL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.

Gracias.

EL DERECHO CONSTITUCIONAL, EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, LOS SISTEMAS EUROPEO Y AMERICANO, Y EL TRABAJO DE LAS CORTES CONSTITUCIONALES EN DEBATE

CURSO DE ALTA FORMACIÓN EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y TUTELA JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS “ALESSANDRO PIZZORUSSO”

(Università di Pisa, Italia)

 

Cada experiencia académica nos ofrece muchos aspectos positivos: la teoría expuesta, los criterios prácticos contrastados, el intercambio de ideas, las nuevas propuestas, sin duda enriquecen el perfil profesional y sobre todo humano de los participantes. Pero esto será mayor cuando se realice en otro país, y será aún más intenso si concurren experiencias de diversos países. Y el año 2018 no pudo empezar de mejor manera, pues estas condiciones concurrieron a darse cita en un país especial: Italia, y en una ciudad eminentemente académica: Pisa.

No sólo era la oportunidad de volver a Italia -y concretamente a Pisa-, sino la de tomar parte de un banquete intelectual: nos esperaban profesores de la talla de Luigi Ferrajoli (quien aparece en la foto siguiente), Michele Carducci, Riccardo Guastini, Gustavo Zagrebelsky, Roberto Romboli, Nestor Sagués, entre otros, y los peruanos Eloy Espinoza Saldaña Barrera (a quien se ve en la subsiguiente foto) y Gorki Gonzáles Mantilla; y asistirían profesionales de más de 12 países americanos, sin perjuicio de italianos y españoles.

Entre los temas objeto de exposición y discusión, podemos nombrar ilustrativamente: la centralidad del rol garantista de la justicia constitucional, la jurisprudencia de las cortes constitucionales, justicia constitucional comparada, la tutela de los derechos fundamentales entre legisladores y jueces, la interpretación y valoración de los precedentes vinculantes, la motivación de las sentencias constitucionales, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los derechos de la mujer, los derechos a la información y al acceso a la información, entre otros tantos.

Desarrollado en los idiomas italiano y español (y con traducción al idioma portugués), el curso ha tenido múltiples significados. De un lado, fue la oportunidad de recibir información de verdaderos maestros del Derecho y en forma directa; de otro lado, fue la ocasión de conocer y comprender qué ocurre en otros países hermanos, con quienes compartimos más cosas de las que normalmente se piensan, y además una misma tradición jurídica. Ello se evidenció en las distintas intervenciones, entre estas las del profesor Néstor Sagués, quien nos acompaña en la siguiente fotografía, con ocasión de la clausura del evento.

De esta manera, la Universidad de Pisa pasó a formar parte de nuestra formación profesional y de nuestra vida. Su impronta queda, y aunque resulta imposible precisar hoy los límites de lo observado y los alcances de lo experimentado, sólo el tiempo nos mostrará la valía de lo aprendido: el trabajo diario, la producción académica y futuros emprendimientos testimoniarán la mejor aplicación de los conceptos reflexionados en la otrora antigua república marina de Toscana.

LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LOS

DERECHOS Y DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS EN

CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A PERSONAS ADULTAS MAYORES

(Tercer Juzgado Civil de San Juan de Lurigancho)

 

 ( Link del blog:   https://tercerjuzgadocivil.wordpress.com/ )

Conforme a lo informado en anteriores portadas, con fecha 01 de julio del 2017 hemos culminado la implementación de nuestra Plataforma Multicanal de Información General, la misma que gira en torno a una estructura modular representada por el blog cuyo link aparece antes indicado. En el tiempo transcurrido, dicho blog no ha dejado de crecer: así, la sola comparación de la foto del mismo (que aparecía en las dos anteriores portadas) con la que acabamos de ofrecer líneas arriba, permite apreciar el incremento de sus páginas.

En efecto, tres han sido los temas incluidos durante este tiempo. Siendo la plataforma una de información a los usuarios del servicio de justicia, hemos implementado un formulario para la realización de sugerencias y aportes, que permitan retroinformar a la plataforma, obteniendo así un instrumento de mejora continua. También hemos colgado la información referente a la manera de generar y enviar cuadernos de multas dentro de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, pues el Tercer Juzgado Civil de San Juan de Lurigancho es también el Juzgado de Ejecución de Multas de dicha sede judicial; precisando además el ámbito de las funciones de dicho cargo.

Pero hay un tercer tema más importante. La plataforma también se ha puesto al servicio de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, mediante el planteamiento de NORMAS MÍNIMAS DE ATENCIÓN PRIMARIA a ambos sectores de la población, consideradas en condiciones de vulnerabilidad.

Más allá de precisiones normativas (que la propuesta realiza), lo que intentamos es salvaguardar uno de los derechos más importantes de cualquier persona: el derecho a la dignidad, en este caso de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores. Se fomenta la existencia de un ámbito de comunicación a favor de ambos grupos, para que las personas situadas en alguno de los dos sepan cómo pueden hacer valer sus más elementales derechos ante el Juzgado.

Las normas mínimas que proponemos, son normas de atención primaria, es decir, normas que regulan la forma en que las personas con discapacidad o adultas mayores entran en contacto con el Juzgado. Nos referimos al momento más importante, pues de su correcto manejo dependerá el respeto y la vigencia futuras de los derechos de tales personas. Por ello, nuestras normas mínimas son simples, directas y concretas. Se trata de criterios que se alinean con el sentido de uniformidad, predictibilidad, transparencia y servicio que caracterizan a nuestra Plataforma Multicanal de Información General.

Tal iniciativa, ha llevado a nutrir la mencionada plataforma con dos (02) páginas adicionales, denominadas “ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD” y “ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES“. Tal doble propuesta, se ha materializado en el documento denominado “Normas mínimas de atención primaria a personas con discapacidad y personas adultas mayores”, presentado a la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Este el día 02 de octubre del 2017,  mediante Oficio Nº 040-2017-3ºJEC.SJL-CSJLE/PJ.