TERCER CURSO DE IDIOMA QUECHUA
UNA HERRAMIENTA PARA APRENDER, PARA MEJORAR EL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA Y PARA REDESCUBRINOS COMO SOCIEDAD
El reciente 11 de diciembre del año 2019, llegó a su fin el Tercer Curso (Nivel Básico) de idioma Quechua, promovido como parte de las actividades de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, del Poder Judicial, y a cargo del profesor Raúl Cisneros Cárdenas. Su saldo, sin duda positivo, puede ser evaluado de muy diversas maneras. A continuación, sólo algunas de estas.
En primer lugar, una vez más, se pone de manifiesto la conveniencia de efectuar actividades interdisciplinarias. En diversas ocasiones, hemos señalado que varios de los problemas del Derecho son en realidad problemas de la sociedad. Si bien ello no debería llamar la atención dadas las credenciales sociales que tiene el Derecho tanto en su origen, en su permanente construcción como en sus fines, se trata de credenciales que habitualmente no son leídas por los operadores jurídicos, menos por la sociedad que ve en el Derecho una disciplina básicamente positivista, complicada y, muchas veces, alejada de la realidad.
En segundo lugar, lo presentado y aprendido en clase se relaciona a uno de esos problemas sociales con compromiso jurídico. Como producto del largo virreinato, pero sobretodo de las disputas republicanas del poder en las ciudades, del consiguiente centralismo y de la permanente -y comercialmente conveniente- promoción de valores culturales extranjeros (entre otros motivos), la conservación de la cultura originaria se convirtió en una condición de vulnerabilidad. Entrando en materia, la conservación del idioma “runasimi” (aquel que los conquistadores denominaron “quechua” en relación a un clima coincidente entre las áreas con mayor densidad poblacional de la sierra), hizo vulnerables a las poblaciones que lo mantenían como también al idioma mismo. Muchas historias sobre la no enseñanza intergeneracional de dicha lengua son un ejemplo de lo anterior.
En tercer lugar, siendo tal vulnerabilidad un problema social que perdura, y debiendo el Derecho responder a sus manifestaciones tanto en los territorios donde se habla originariamente el idioma en mención como en las zonas urbanas con inmigración de sus pobladores (preferentemente urbano-marginales), la realización de los más elementales derechos al debido proceso, al acceso al servicio de justicia, a la igualdad, entre otros, impone la necesidad de establecer al menos una básica comunicación con las personas de tales poblaciones. Se trata de hacer a estas personas un poco menos vulnerables, en el día a día y en el trato directo.
Finalmente, es criterio compartido el hecho de considerar como positivo el conocimiento de una lengua extranjera (el cual suscribimos). Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de escuchar a colegas paraguayos (con respeto, admiración y con envidia, sí), en tierras ajenas, comunicándose en su lengua guaraní, otra de origen precolombino; mientras paralelamente otros ciudadanos americanos nos encontrábamos en la imposibilidad de utilizar nuestras propias lenguas nativas, todas patrimonio cultural de este continente. ¿Acaso la vulnerabilidad antes descrita tiene alcances mucho mayores aún?
Toda actividad académica tiene un final. Y ese momento llega porque lo aprendido debe ser aplicado: no existe conocimiento que quede para siempre condenado en una prisión intersubjetiva. Su destino es ser utilizado y retroinformar a la teoría. Pero para ello, quienes asistimos a clases debemos continuar aprendiendo, mediante esa práctica y esa teoría luego reforzada. Terminó el curso y dejamos de ser alumnos: asumamos el reto de convertirnos en estudiantes. ¿De un idioma? Sí, también, pero ante todo de nosotros mismos y de nuestra sociedad, de nuestros orígenes, de aquello que nos perteneció siempre. Tenemos ahora otra herramienta.
